Una madre de tres hijos vivió una situación límite en septiembre de 2024 en Jacksonville, Florida: tuvo que declarar ante un juez a través de una pantalla mientras su cuerpo atravesaba un trabajo de parto activo. Su delito: negarse a una cesárea.
Cherise Doyley llegó al Hospital Universitario de Florida con la ilusión de tener un parto vaginal. Es doula profesional, tiene tres hijos y conocía bien su cuerpo. Su historial incluía dos cesáreas anteriores con complicaciones: en una de ellas sufrió una hemorragia que la dejó internada una semana entera.
Cuando los médicos le recomendaron una nueva cirugía por el riesgo de ruptura uterina —una complicación que afecta aproximadamente a 1 de cada 300 partos, según la Clínica Cleveland—, Doyley pidió intentar primero el parto vaginal. Sabía que el riesgo real era menor al 2% y confiaba en su plan de parto.
También sabía lo que implicaba una nueva cesárea: una recuperación larga y difícil que le impediría cuidar como quería a su recién nacido y a sus otros tres hijos.
Lo que vino después fue inesperado. Sin previo aviso, enfermeras entraron a su habitación, apoyaron una tableta frente a su cama y le dijeron que debía comparecer ante un juez. En la llamada estaban médicos, abogados y personal del hospital. Doyley no tenía ningún abogado que la representara.
Ella misma describió el momento como «la cosa más descabellada que he visto en mi vida».
El juez Michael Kalil le explicó que el hospital había solicitado una orden de emergencia para realizar la cesárea, argumentando que era lo mejor para el bebé.
Durante la audiencia, Doyley defendió su postura con claridad:
«Sigo teniendo derechos como ciudadana estadounidense y como paciente. Tengo derecho a decidir qué pasa conmigo, con mi cuerpo y con mi bebé».
Y lanzó una frase que resume el corazón del conflicto:
«Si tienen que elegir entre que yo viva o que viva el bebé, les dije que quiero vivir. Tengo otros hijos que me necesitan. Si yo muero por una cesárea, nadie en esta llamada se hará cargo de ellos».
Tres horas duró la audiencia. Al final, el juez no ordenó la cirugía de inmediato, pero dio luz verde al hospital para realizarla sin consentimiento si consideraban que había una emergencia.
Esa misma noche, los médicos detectaron una baja en la frecuencia cardíaca del bebé. Doyley fue llevada al quirófano. Su hija, Arewa, nació por cesárea y pasó un tiempo en neonatología. Hoy tiene un año.
Hoy, Doyley sigue enojadísima. Y con preguntas.
«Usar los tribunales para forzar a alguien a hacerse un procedimiento médico que no quiere, en contra de su voluntad, me parece similar a la tortura«, declaró a ProPublica.
La Asociación Médica Estadounidense reconoce que los pacientes con capacidad mental pueden rechazar tratamientos recomendados. Pero las mujeres embarazadas son una excepción. En muchos estados, los hospitales pueden pedir una orden judicial si una paciente gestante se niega a una intervención, argumentando que el feto tiene derechos que proteger.
La experta en bioética Lois Shepherd, de la Universidad de Virginia, lo dijo con todas las letras:
«No hay ningún otro caso en el que se invada el cuerpo de una persona para salvar la vida de otra».
Desde la anulación de Roe v. Wade en 2022, estos casos han aumentado. Casi 30 estados aprobaron leyes que permiten a los hospitales anular las decisiones de una mujer embarazada.
La profesora de derecho Elizabeth Kukura, de la Universidad de Drexel, fue contundente:
«Esto refleja una visión de la mujer como incubadora. La mujer en su rol de madre, no como persona».
